Hace unas semanas el gobierno inició un proceso de aseguramiento de salud púiblica para la población, sin embargo, ¿se ha preparado debidamente todo este proceso? ¿es real o no?. Compartimos con ustedes una columna del periodista Federico Salazar que escribió en el diario La República en su edición del 18 de Julio.

Salud para todos y todas sí, estamos de acuerdo, pero ésta debe estar acompañada de los recursos, personal y mejora de la calidad de atención en los establecimientos locales y hospitales. Prioridad también a los sectores más vulnerables y de extrema pobreza.

 Por Federico Salazar. Periodista.

El gobierno ha iniciado un programa de Aseguramiento Universal en Salud. Hay una buena intención, pero, para variar, poca preparación.

Sabemos que hay insuficiencia en la atención en los hospitales de la seguridad social y en los del Estado. La demanda supera largamente la capacidad de atención. Por eso se ha producido una dramática deshumanización de la atención médica.

Ahora, sin embargo, el gobierno quiere ampliar el universo de asegurados.

¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Hay una masiva inversión pública y privada en equipos, médicos, locales? No. El gobierno dice que se trata simplemente de reorganizar los recursos humanos y técnicos de la atención de la salud.

Ojalá sea así. No hay, sin embargo, que sustituir la realidad con la fantasía o los buenos deseos. Antes de iniciar las inscripciones en este nuevo sistema, tendrían que haberse verificado esos cambios en la organización.

¿Dónde están las pruebas, las experiencias piloto, los ensayos? Se tendría que probar, por ejemplo, el tiempo que toma derivar a un paciente que llega a un hospital del Minsa a una clínica privada.

El sistema supone que sólo con la presentación del DNI el paciente podría ser atendido. Pero, ¿cómo se paga ese seguro?

A través de una calificación, se determina si el ciudadano recibe un subsidio completo, parcial o ninguno. A uno lo califica el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Economía, que certifica ratios de pobreza y extrema pobreza.

Y esa calificación, ¿será fácil, será honesta, será accesible?

El gobierno debería dedicarse a resolver el problema de los que no tienen recursos. Ellos deberían poder recibir atención sin costo alguno, cosa que no pasa ahora.

Por otro lado, el aseguramiento de quienes pueden pagar debería ser un tema de las empresas de seguros y de los hospitales y las clínicas. De otra manera se convierte en un negocio que el Estado le sirve a las empresas de seguros. A ellas debe costarles la captación.

El Estado debería ahorrarse el problema de organización. No es ése su fuerte. Debería subsidiar, en todo caso, a quienes viven en extrema pobreza y pagarles sus cuotas mensuales de aseguramiento.

De esta manera, además, nos igualaríamos en la atención de la salud. Una persona pobre sería atendida por los mismos médicos, en el mismo establecimiento, que una persona con mayores recursos.

Entréguenle el dinero a los que lo necesiten, no pretendan administrarlo por ellos. Hay que evitar la burocratización tanto como el negociado. Hay que pensar sólo en la gente, y en nada más.