(Artículo extraido del boletín virtual De la exclusión al reconocimiento Nº 39, Enero 2012 (Instituto Bartolomé de las Casas). Imagen: www.educ.ar

Con ocasión del conflicto de Conga (noviembre 2011 a la actualidad) el tema de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se vienen llevando a cabo en el país desde 1992,  adquirió centralidad. Por un lado la empresa Yanacocha se basaba en el EIA de Conga para asegurar que el proyecto era viable. Como se recordará dicho EIA fue aprobado en octubre del 2010 por el Gobierno de Alan García para la explotación de Cobre, Oro y Plata en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín; y en el distrito de La Encañada en la provincia de Cajamarca por Minera Yanacocha. Por otro lado, diversas organizaciones cajamarquinas y comprometidas con el medio ambiente en el país (avaladas luego por un informe del Ministerio del Ambiente) señalaban que este mostraba serias deficiencias.

En efecto, El Ministerio del Medio Ambiente señaló “En el EIA del Proyecto Conga, los impactos ambientales de este último se califican en el rango de significancia “Muy Baja” a “Moderada” (matriz de evaluación de impactos ambientales Tabla 1). Sin embargo, tomando en cuenta los aspectos que a continuación se mencionan, consideramos que dichos impactos no han sido evaluados en su exacta dimensión: 1-Magnitud del proyecto 2-Ubicaciòn en cabecera de cuenca 3-Ecosistema frágil (bofedales, lagunas altoandinas, complejos de humedales, sumideros de recurso hídrico, áreas de drenaje natural, otros)” Por ello recomiendan “Revisar la calificación de los impactos ambientales bajo un enfoque de ecosistemas para adecuar los compromisos y obligaciones en materia ambiental y social correspondientes, indicando el debido sustento técnico” (p. 2).

Sin embargo, Conga no es la excepción, hace ya un buen tiempo, como señala Flor Huilca en La República “los Estudios de Impacto Ambiental tienen tantos sesgos, vacíos y omisiones que no son instrumentos confiables para dar luz verde a los proyectos de inversión en industrias extractivas. Por el contrario, al cabo de veinte años de aplicación en el Perú, los polémicos EIA parecen ser la madre del cordero de la incesante conflictividad social que remece al país”

Como también señala Huilca “Se trata del documento más importante que acompaña a todo proyecto de inversión, y en la práctica sirve como llave que va abriendo puertas -primero en la fase de exploración y luego en la de explotación- para que una industria extractiva empiece a operar. Su objetivo es medir el impacto que tendrá esta actividad en el medio ambiente y en el entorno social para mitigar sus efectos”.

Actualmente recibe cuestionamientos de diversos lados: Emma Gómez, subdirectora de Cooperacción, afirma que no tienen capacidad para medir el impacto acumulativo del proyecto en relación con otros similares, que también se realizan en la misma provincia o región. Por eso Gómez propone reemplazar los EIA por los estudios de impacto estratégico (EIE), que, a su entender  son mucho más completos.

Por otro lado, se cuestiona el hecho de que sean las propias empresas las que contraten a los encargados de los EIAs abriendo serias dudas sobre su objetividad y precisión técnica. Además de generar gran desconfianza en la población. Por ello algunos proponen que sea el  Estado quien contrate a las consultoras que harán los EIA  o que haya una fiscalización adecuada de los mismos.

Otra objeción tienen que ver con la superficialidad y escaso rigor científico con que se elaboran. Y esto ha sido observado por el propio Ministerio de Energía y Minas en un taller realizado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros el 19 de Julio del 2010. En aquella ocasión  el MINEM sistematiza una serie de deficiencias frecuentes en los EIAs.

Y a continuación el MINEM señala que en la descripción de los Aspectos Físicos del Proyecto, con frecuencia los EIAs omiten indicar los posibles impactos ambientales y sociales directos e indirectos tanto positivos como negativos. (cf. p. 64). En cuanto a aspectos climatólogicos y meteorológicos el MINEM señala que muchas veces se presenta información no consistente para las condiciones del Proyecto. Lo mismo sucede en cuanto a los aspectos geológicos, se afirman que “Falta detalle en la geología del área del proyecto. Ausencia de evaluación geodinámica externa e interna” así como de la calidad de los  suelos, los cuales son caracterizados sólo con un enfoque agrícola. (cf. p.69)

Igual de serias son las observaciones en cuanto a los estudios hidrológicos. El MINEM afirma que muchos EIAs “No realizan la caracterización de la morfología de los lechos de los ríos, No realizan la estimación del caudal base de los cursos de agua, No presentan la justificación de la estimación del caudal medio mensual, anual y de avenida para diferentes periodos de retorno de los diferentes cursos de agua” encontrando una gran debilidad en los estudios hidrogeológicos sobre bofedales así como también constatan “la ausencia de modelos de flujo de agua subterránea, a fin de proponer las medidas de  mitigación” (p. 70).Y agrega que hay una  “sub estimación de Impactos en la cantidad del agua, calidad del agua, calidad del aire”(p.92)

Y agrega que “la valoración de impactos no son cotejados con el inventario de manantiales, puquiales, bofedales a ser impactados” Además “No se incluye o existe ausencia de modelamiento hidrogeoquímico para caracterizar las fuentes de agua y evaluar su impacto sobre estas”. Por último “La evaluación de impactos sobre cursos de agua no recogen el principio de evaluación integrada. Asimismo, no consideran los  impactos acumulativos” (p.93).

En cuanto a la parte biológica, clave en un país considerado uno de los más mega diversos, el MINEM señala, entre otras objeciones, que “No se hace un muestreo representativo, es decir, no se evalúan todas las formaciones vegetales, ni las áreas de emplazamiento de los componentes del proyecto, para conocer los que se va a perder”. Cuestiona también la representatividad de los muestreos que se hacen (p.73) y les recuerda que hay que “Reconocer que el ecosistema no funciona como listas de especies, sino como una red interconectada (p.74).

Y añaden que “No se contempla la magnitud de los impactos potenciales, ni de sus efectos en el mediano y largo plazo: “perturbación de zonas de reproducción”, “alteración del caudal ecológico y su impacto en otros hábitats”, “fragmentación de hábitats”, “pérdida de conectividad ecológica”, “disponibilidad de hábitats para la fauna (bebederos, revolcaderos)”, “acumulación de metales pesados en organismos y su repercusión en la cadena trófica”.  No se contempla un análisis de la pérdida de la integridad del ecosistema en su capacidad de generar bienes y servicios a la población local. Por Ej. alimento (peces, aves de caza, pastos), fuente de agua para uso personal y actividades agrícolas o ganaderas, plantas de uso medicinal. Considerar que todo lo mencionado se relaciona con las tradiciones culturales de la población local (p.98).

En cuanto a los Estudios de Impacto Social (EIS), las objeciones están relacionados a que no consideran potenciar impactos socio económicos positivos y más bien buscan evitar o minimizar la presencia de los impactos negativos del Proyecto (p.79). Por último, pero no menos importante, en dicho taller se  afirma que “La población señala que en el Estudio no se ven plasmadas sus percepciones, preocupaciones e intereses manifestados en el Taller Participativo (p.51).

Carlos Monge S. coincide en muchas de estas observaciones. El señala que “los estudios los hacen las empresas y la mayoría de las veces, por limitaciones del Estado, son las propias empresas las que los presentan y discuten con la población local, generándose todo tipo de situaciones de conflicto de interés (el EIA termina siendo una justificación del proyecto) y asimetría (se presenta a una población rural un estudio extenso y complejo para el que no disponen de condiciones mínimas de tiempo y asistencia técnica para analizar, aprobar o rechazar). Además, en la medida en que es el mismo Ministerio de Energía y Minas (MINEM) el ente encargado de promover la inversión y el que aprueba o no los EIA, genera una falta general de credibilidad en sus decisiones al respecto. De hecho, el MINEM no ha desaprobado nunca ningún EIA presentado por las empresas” (p.31).

Vemos pues que muchas de las observaciones hechas por el MINEM, van en la línea de las objeciones que presentan diversas poblaciones a este tipo de estudios. Todo ello nos hace ver la urgencia de introducir cambios en la forma como se procesan los Estudios de Impacto Ambiental, para lograr que la gran inversión aporte realmente a un desarrollo sostenible e inclusive. Por ello coincidimos totalmente con Pedro Francke cuando afirma que: “Una propuesta de desarrollo alternativo no puede ignorar, sin duda, la necesidad de que se incrementen las inversiones de gran volumen, que generan empleo, aportan al fisco, traen divisas y promueven la modernización. Pero a ello, hay que añadir también las pequeñas inversiones y tener claro que lo que queremos como sociedad no es maximizar inversiones sino aumentar el bienestar. Atraer grandes capitales al país es importante, pero debemos lograr que aporten lo más posible al desarrollo nacional: que paguen impuestos, que generen masivamente empleo, que transfieran tecnología, que se alíen y trabajen con los pequeños productores, que no dañen el medio ambiente ni afecten a los indígenas o campesinos. Una alternativa de políticas debe preocuparse por la base y no solo por la punta” (p.156).